La insuficiente protección financiera frente a las catástrofes naturales es uno de los principales desafíos en la actualidad. Según estimaciones de Mapfre, la brecha de protección aseguradora en América Latina y el Caribe se sitúa alrededor del 81%, en promedio, durante la última década.
Esto significa que aproximadamente ocho de cada diez dólares en pérdidas económicas derivadas de desastres naturales no cuentan con cobertura aseguradora, por lo que sus costos recaen principalmente sobre familias, empresas y presupuestos públicos.
Ante este escenario, la necesidad de complementar los sistemas tradicionales de protección civil con mecanismos de resiliencia financiera que permitan anticipar recursos, distribuir riesgos y acelerar la recuperación económica.
Reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, con una dimensión financiera decisiva.
El objetivo es que la región esté mejor preparada para responder a los desastres naturales y cuente con los recursos necesarios para recuperarse con rapidez, proteger a las poblaciones más vulnerables y reducir el impacto de las catástrofes sobre el crecimiento económico y las finanzas públicas.